31/5/10

¿Una victoria de la ética y la corrección?

Con esas solemnes palabras, "una victoria de la ética y la corrección", el Comité Olímpico Italiano celebró la noticia que tanto tiempo llevaba esperando: la sanción deportiva a Alejandro Valverde por su implicación en la Operación Puerto. El ciclista murciano permanecerá dos años apartado de la competición, hasta el 31 de diciembre de 2012, y pierde todos los éxitos cosechados en 2010 por un delito de tentativa de dopaje del que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha considerado culpable.

No hay nada sorprendente en tal decisión, salvo la tardanza del proceso que ha llevado a condenar a un deportista a todas luces culpable. La sangre de Valverde fue encontrada, con restos de EPO, en una de las bolsas confiscadas a Eufemiano Fuentes. El CONI, en una maniobra contraria a las exigencias administrativas, consiguió hacerse con esa sangre para demostrar, con un análisis de ADN, que efectivamente pertenecía al reciente campeón de la Vuelta a España. Sin embargo, las condenas del organismo italiano sólo pudieron aplicarse a su territorio, y el único castigo que recibió Valverde fue el de perderse el pasado Tour, pues su recorrido atravesaba parte de Italia.

La claridez del caso era, no obstante, evidente. Sin embargo, las trabas judiciales -especialmente las procedentes de magistrados españoles- y la negativa de la Federación Española de expedientar a Valverde han alargado un proceso que debió haber sido mucho más breve e infinitamente más transparente. Las autoridades españolas han quedado en evidencia por no saber resolver un asunto en el que se jugaban su prestigio deportivo. Cierto es que nadie puede demostrar -y los numerosos controles a los que se ha sometido lo certifican- que Valverde se dopara. Pero la sangre encontrada prueba que, si no lo hizo, al menos en algún momento lo intentó, y sólo eso ya constituye motivo de sanción.

Pero las autoridades internacionales también han destapado sus vergüenzas en este caso. Incapaces de sancionar al corredor desde un principio, han enrevesado la situación hasta el punto de alcanzar un veredicto apresurado e ilógico. Se sanciona a Valverde mientras la mayoría de implicados en la Operación Puerto han quedado impunes, y además se impone un castigo muy superior al que recibieron aquellos cuya culpabilidad en los cargos de dopaje sí se pudo demostrar. Para más inri, se establece el inicio de la sanción en una fecha totalmente aleatoria, el 1 de enero de 2010, lo que anula los triunfos conseguidos por Valverde esta temporada, todos ellos éxitos transparentes a tenor de los controles antidopaje realizados.

Valverde todavía puede recurrir al Tribunal Federal Suizo, pues el TAS tiene su sede en Lausana. Sin embargo, tanto su nombre como el de quienes han fallado al sancionarle no pueden estar más manchados. El recurso prolongará todavía más un proceso vergonzoso que ha dañado enormemente al ciclismo. En buena lógica, ello debería servir para rebajar el castigo y dejar en evidencia -por enésima vez- a las instituciones de justicia deportiva. La absolución de Valverde sería un final injusto, pues su culpabilidad en el delito que se le imputa ha quedado destapada. En cualquier caso, tanto una parte como la otra han fallado estrepitosamente. Lo que el CONI anuncia como una "victoria de la ética y la corrección" ya no puede ser tal, porque tanto la ética como la corrección han sido tratadas a patadas.

Publicado en LaSemana.es


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